Manifiesto aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid.
La Ley 7/2022 de 8 de abril, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es un nuevo y claro ataque a la autonomía municipal y supone un verdadero castigo a todos los ayuntamientos, que se están viendo obligados a repercutir la tasa en los ciudadanos.
Aunque el Gobierno de España alega que se trata de una imposición europea, lo cierto es que la ley se ha configurado con importantes novedades tributarias que afectan directamente a los ayuntamientos, como la creación de una tasa de recogida de residuos antes de abril de 2025 que deberá ser específica, diferenciada y no deficitaria, que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, (artículo 11.3 de la ley 7/2022) y la creación de un impuesto al vertido y la incineración. Estas tasas deberán ser comunicadas a las comunidades autónomas.
Esta tasa, popularmente denominada “tasa de basuras”, ya existía en el pasado. Sin embargo, con la nueva ley del gobierno de Pedro Sánchez pasa de ser una elección discrecional a un hecho obligatorio para los ayuntamientos. De esta forma, se interrumpe la independencia y autonomía de los ayuntamientos, impidiendo a las entidades locales a abstenerse de establecer esta tasa y financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos con recursos generales del presupuesto municipal. Además, esta ley no deja margen a los ayuntamientos para que se pueda financiar parte del coste de gestión de residuos con cargo a otros impuestos, como por ejemplo el IBI.
Para seguir agravando la situación de los ayuntamiento La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece un nuevo impuesto que grava cada tonelada de residuos destinada a vertederos o incineradoras, lo cual repercute principalmente en nuestros municipios. Se trata de un impuesto regulado por el Ministerio de Transición Ecológica, ministerio gestionado por el PSOE, sin haberse realizado consulta adecuada alguna a los municipios y empresas afectadas, y sin valorar el contexto económico actual. Lo más llamativo es que esta ley, en lugar de apostar por el incentivo y la educación, opta por la penalización.
Sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido habitualmente una postura contraria a este tipo de impuestos, incluso llegando a eliminar su impuesto sobre depósito de residuos en diciembre del año 2021. El Gobierno regional, está apostando por lograr los objetivos medioambientales de una manera más eficaz a través de la inversión y priorizando los incentivos en detrimento del castigo a municipios, empresas y ciudadanos.
La Federación de Municipios de Madrid considera que el momento social y económico no ha sido ni es el adecuado para introducir nuevos impuestos y, mucho menos, de una magnitud tan considerable. No hay que olvidar que la entrada en vigor de este impuesto el 1 de enero de 2023 coincidió con un período en el que la inflación y los costes energéticos estaban en su punto álgido, ejerciendo una fuerte presión sobre los presupuestos municipales y sobre los ciudadanos. Pero, sobre todo, queremos mostrar nuestro profundo rechazo al carácter obligatorio que imprime esta ley sobre la creación de la tasa de residuos por parte de todos los ayuntamientos, atacando claramente la autonomía de los mismos. Y es que además, los municipios ya se enfrentan a nuevas obligaciones, como la recogida selectiva de residuos orgánicos y la necesidad de construir instalaciones de tratamiento modernas en las mancomunidades, pudiendo suponer este impuesto un incremento del 60% de los costes de gestión de los residuos para un municipio. Al menos, la Comunidad de Madrid, ha optado por aplicar el importe mínimo legal permitido por la ley, a pesar de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas que ya tenían impuestos superiores antes de la entrada en vigor de esta ley. Un ejemplo muy claro es la diferencia del coste/tonelada de Cataluña (59€) con el de la Comunidad de Madrid, donde el importe es de 40€. Además, desde la FMM queremos dejar claro que no se ha facilitado a los municipios el margen de tiempo necesario para adaptarse, ya que la ley se publicó con menos de un año de antelación de su entrada en vigor.
Por todo lo expresado, atendiendo a uno de los objetivos más esenciales reflejados en los estatutos de esta organización, como es trabajar para que sea garantizada la autonomía de los ayuntamientos, desde la FMM manifestamos nuestra instancia al Gobierno de España para que sea rectificada la obligatoriedad de la tasa, volviendo al carácter potestativo de la misma, de manera que sean los propios municipios quienes decidan si implantar la tasa o si, por el contrario, se repercute el coste de gestión y tratamientos de los residuos con cargo a otros impuestos o partidas del presupuesto municipal.
